En España hay cierta sensación de inseguridad. Lleida no se escapa de esa sensación que afecta, creo, a todo el sur de esa vieja Europa del bienestar que se desvanece como se desvanecen los imperios, muy despacio, pero sin pausa.
Hoy las políticas de seguridad son políticas socialdemócratas por necesidad. Lo son porque no todo el mundo puede costearse un vigilante privado en su urbanización; no todo el mundo puede pagar la cuota de una alarma o comprar cámaras de seguridad; no todo el mundo puede cambiar de piso si en su calle se instalan grupos incívicos o con tendencias delictuales y no todo el mundo puede comprarse un vehículo para desplazarse por las noches. De la izquierda se espera que vele por la calidad de vida de las familias medias-trabajadoras procurándoles sanidad y educación de calidad y además le concierne a esta ideología velar por otro pilar de la vida digna: la seguridad. Gabriel Rufián por ejemplo, alcaldable de ERC en Santa Coloma abre la campaña con la seguridad como leitmotiv. Si es alcalde asumirá (dice) la competencia de seguridad y promete reforzar la Guardia Urbana; hoy son propuestas de izquierdas de manual. La derecha, como postura universal, suele descargar la seguridad en la misma sociedad: ¡cómprese un rifle! le diría Donald Trump o recuerden a Santiago Abascal con aquello de que “los españoles de bien puedan tener armas para autodefensa".
En Lleida es
necesario que la izquierda asuma un discurso contundente en favor de la
seguridad; con un relato sustentado sobre derechos y deberes,
sin paternalismos, pero poniendo en el centro la seguridad de sus vecinos.
Sabido es que el tema exige reformas estructurales de calado que sobrepasan competencias municipales, especialmente en el ámbito de la justicia, pero esa no es excusa para defender desde el municipio una policía con recursos que ejerza con la
complicidad y el reconocimiento de la ciudad ese monopolio de la fuerza que le otorga
el Estado democrático de derecho, que no es poca cosa.
