jueves, 27 de abril de 2023

Marihuana

 

Marihuana

Aumentan en Lleida las operaciones policiales dirigidas a desmantelar plantaciones de marihuana.   Parece ser que las organizaciones mafiosas eligen el territorio leridano por la laxitud de las penas en comparación con otros países y por el rendimiento económico de la explotación agrícola.      La parte mediática de la operación es la cada vez más habitual batida policial, una intervención que suele durar unas horas, pero hay antes un largo y minucioso trabajo de investigación al que se añade el proceso penal posterior, con la carga laboral que supone para los sistemas policial y judicial. El debate sobre la regularización de la marihuana es viejo y manido, sin embargo, hoy en Lleida es necesario. No se sostiene que sea legal comprar en cualquier lado 6 botellas de vodka, dos de ron y dos cartones de Marlboro mientras si te enganchan 6 gramos de hachís tienes un problema con la Ley. No tiene sentido.  Regular el mercado de la marihuana es una política interesante desde un punto de vista fiscal y sanitario. Digo fiscal porque la tributación de la actividad económica vinculada a esta droga es una via muy interesante para aumentar los ingresos públicos. También es útil desde un punto de vista sanitario: siempre es recomendable que el Estado conozca, regule y supervise las sustancias que circulan en la sociedad, aunque sean nocivas para la salud, ya lo hace, insisto, con el tequila, el Camel sin filtro o las grasas saturadas, por ejemplo.  Además, regulando este asunto descargaríamos a las fuerzas policiales y a los tribunales de justicia de una carga de trabajo valiosísima para perseguir otros delitos que, creo, inquietan más la sociedad, neutralizando a su vez las mafias que se lucran en la ilegalidad. Quién sabe si algún día la marihuana será un producto de proximidad de les Terres de Lleida, de l’hort a taula o millor dit:  de l’hort al sofà.

martes, 11 de abril de 2023

La seguridad, discurso de izquierdas.

En España hay cierta sensación de inseguridad. Lleida no se escapa de esa sensación que afecta, creo, a todo el sur de esa vieja Europa del bienestar que se desvanece como se desvanecen los imperios, muy despacio, pero sin pausa. 

Hoy las políticas de seguridad son políticas socialdemócratas por necesidad. Lo son porque no todo el mundo puede costearse un vigilante privado en su urbanización; no todo el mundo puede pagar la cuota de una alarma o comprar cámaras de seguridad; no todo el mundo puede cambiar de piso si en su calle se instalan grupos incívicos o con tendencias delictuales y no todo el mundo puede comprarse un vehículo para desplazarse por las noches.  De la izquierda se espera que vele por la calidad de vida de las familias medias-trabajadoras procurándoles sanidad y educación de calidad y además le concierne a esta ideología velar por otro pilar de la vida digna: la seguridad. Gabriel Rufián por ejemplo, alcaldable de ERC en Santa Coloma abre la campaña con la seguridad como leitmotiv. Si es alcalde asumirá (dice) la competencia de seguridad y promete reforzar la Guardia Urbana; hoy son propuestas de izquierdas de manual. La derecha, como postura universal, suele descargar la seguridad en la misma sociedad: ¡cómprese un rifle! le diría Donald Trump o recuerden a Santiago Abascal con aquello de que “los españoles de bien puedan tener armas para autodefensa".

En Lleida es necesario que la izquierda asuma un discurso contundente en favor de la seguridad; con un relato sustentado sobre derechos y deberes, sin paternalismos, pero poniendo en el centro la seguridad de sus vecinos. Sabido es que el tema exige reformas estructurales de calado que sobrepasan competencias municipales, especialmente en el ámbito de la justicia, pero esa no es excusa para defender desde el municipio una policía con recursos que ejerza con la complicidad y el reconocimiento de la ciudad ese monopolio de la fuerza que le otorga el Estado democrático de derecho, que no es poca cosa.