Nunca escribo sobre mi trabajo en
este blog, pero hoy haré una excepción. La Empresa Municipal d’Urbanisme de
Lleida (EMU) es un tema recurrente en cada campaña electoral
municipal. Les sintetizo aquí tres argumentos para que puedan fabricarse una opinión
sobre ella:
1.- La deuda de la EMU se generó en dos operaciones
importantísimas para la ciudad: el cubrimiento de las vías –incluido el "puente Manterola”-
y la compra de suelo industrial. Las dos
grandes actuaciones se decidieron con amplio consenso político. Como anécdota
les diré que el cubrimiento de las vías ha sido el emplazamiento elegido por la
ERC de Miquel Pueyo para hacerse la foto de presentación de su candidatura, no
me extraña, todos estamos orgullosos de esa magnífica obra que eliminó la dramática cicatriz urbanística que separaba Balafia y Pardinyes del resto de la
ciudad. La segunda operación que generó la actual deuda fue la adquisición de
suelo industrial. Las compras se hicieron adoptando el criterio mayoritario del
momento (un buen criterio) de la Cámara de Comercio, Diputación y agentes
sociales. También la Generalitat, lógicamente, compró en el mismo periodo suelo industrial en
el mismo polígono que la EMU puesto que era una de las evidentes carencias para
el desarrollo económico y social del territorio. Hoy ese suelo es patrimonio público
pendiente de desarrollo. No parece
coherente aplaudir ayer estas actuaciones y renegar hoy de su factura.
2.- Hay un cierto consenso –como en todo en la
vida dejamos al margen los extremismos- en que la política social de vivienda se
está llevando razonablemente bien desde la EMU. Las cerca de 300 viviendas propiedad de la empresa se
gestionan con criterios de política social; eso se traduce en que los
alquileres que generan esos inmuebles vienen determinados por la legislación de
vivienda, no por las “leyes” de mercado. Muchos de esos alquileres sociales oscilan entre el 10% y el 18% de los ingresos del conjunto de la familia vulnerable. En la práctica supone una media de
150€ de renta mensual de alquiler por vivienda. El índice de morosidad es
importante, y las técnicas de la EMU negocian uno por uno los casos de impago,
dejando el desahucio como última medida para esas pocas personas en las que queda
acreditado que no pagan porque no quieren, no porque no puedan. No parece coherente, tampoco
aquí, aplaudir los alquileres sociales
para familias necesitadas y criticar que no se amortiza rápido la deuda de la
EMU.
3.- La deuda de la EMU está
consolidada con la del Ayuntamiento. Si la opción es liquidar la empresa el
Ayuntamiento seguirá debiendo esa cantidad más los costes de liquidación de la
sociedad y suprimiría un instrumento
ágil y eficiente para la gestión de la política de vivienda pública y el desarrollo urbanístico. No parece coherente, en términos económicos, su liquidación tal como propone algún candidato más al contrario, hay que aprovechar las potencialidades de la EMU.
La salud de la EMU va ligada principalmente a la salud del mercado inmobiliario
y al desarrollo urbanístico y ese no es un reto exclusivamente local, es
un reto de país. Y en eso hay que estar.
