El BOE de 4 de marzo publica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo que entrará en vigor el 4 de julio de este año. Una ley que nace con la intención de evitar embarazos no deseados, a la vez que garantiza la protección del Estado para las mujeres que tomen la difícil decisión de interrumpir su gestación. El Ley facilita que la mujer tome su decisión sin presiones de ningún tipo, en plena libertad y teniendo a su alcance toda la información sobre las ayudas públicas a la maternidad. El aborto genera un apasionado debate en todos los países desarrolados. Estados Unidos no es una excepción. Barack Obama ha sugerido como precepto básico “no ridiculizar al otro” en los debates sobre esta cuestión. Y ello viene dado, en mi opinión, por la necesidad de armonizar los derechos que entran en conflicto, y la de poner en cuestión el carácter absoluto de todos ellos.
En España el debate sobre la cuestión de fondo fue superado por la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio. Esta Ley ha contado históricamente con el apoyo unánime de todos los partidos del arco parlamentario. En efecto, la LO 9/1985 fue aprobada por el gobierno de Felipe González. El PP accedió al poder en 1996 y no tocó ni una coma de la norma. No modificó ni una letra de la Ley limitándose a aplicarla con normalidad. Lo que implica necesariamente su entera aceptación . No volvamos pues a rescatar debates anacrónicos superados por la mayoría de los españoles y las españolas. La primera lección de la democracia es respetar los acuerdos que adoptamos por mayoria los ciudadanos y las ciudadanas de este país.
